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Podemos definir el informe pericial como aquel documento escrito de carácter médico legal que se emite a instancia de las autoridades o a instancia de parte interesada y que tiene por objeto el estudio y el análisis de ciertos hechos con transcendencia judicial o administrativa. A este informe, tanto por lo que respecta a su realización como al resto de características que lo integran, se refieren tanto las leyes de enjuiciamiento criminal como la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo largo de todo su articulado, ya que, tanto en el proceso penal como en el civil, pueden aportarse dictámenes e informes periciales, que pasan a formar parte del proceso, adquiriendo la capacidad de influir en el resultado final del pleito.

El informe pericial en el proceso civil

Cuando en el marco del proceso civil sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal (art. 335 LEC). El dictamen o informe pericial que se vierta en un proceso civil será valorado por el tribunal según las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC).

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Por último, en cuanto a la formación de los peritos, deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia y a la naturaleza objeto del dictamen. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

Dictamen pericial a instancia de parte (art. 336 y ss. LEC)

En el proceso civil, tanto el demandante como el demandado podrán aportar con la demanda o con la contestación a la demanda los dictámenes periciales que tengan por conveniente. Una vez que estos se aporten, las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio, en el que tendrán la intervención solicitada por las partes, pero que el tribunal haya admitido, ya que puede denegar todas aquellas solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las partes.

Dictamen pericial emitido por perito designado judicialmente (art. 339 y ss. LEC)

Sin perjuicio de la posibilidad de que el tribunal designe de oficio perito en el proceso civil, se prevé que tanto el demandante como el demandado puedan solicitar en sus respectivos escritos iniciales ―demanda y contestación a la demanda― que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el tribunal procederá a la designación y dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido.

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quién haya solicitado dicha designación. Cuando ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquellas se muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado.

Solamente podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente; en cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos determinadas circunstancias, como cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil, tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante o tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados, por ejemplo.

El informe pericial en el proceso penal

En cuanto al informe pericial en el proceso penal, el art. 456 LECRIM dispone que el juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda presentar informe pericial que considere oportuno, de conformidad, en todo caso, a lo establecido en la LECRIM.

Los peritos en el proceso penal pueden ser de dos clases: titulares o no titulares (457 LECRIM). Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración, mientras que los peritos no titulares son aquellos que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte. No obstante, la ley matiza que el juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título (art. 458 LECRIM).

Por lo que se refiere al contenido del informe oficial, a diferencia de lo que ocurre en la LEC, la LECRIM sí establece unas pautas generales que deben tenerse en cuenta en su elaboración. De este modo, el art. 478 LECRIM dispone que el informe pericial comprenderá, si fuere posible:

1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o del modo en que se halle.
2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.
3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

Las características del informe pericial médico

Lo primero que debemos tener presente respecto al informe pericial, es que no es vinculante, por lo que el tribunal no se encuentra obligado a tenerlo en cuenta en la sentencia que, en su caso, se dictara. No obstante, como la propia Constitución pone de manifiesto, las resoluciones judiciales deben de ser motivadas (art. 120 CE), así que el tribunal deberá explicar las razones que le han llevado a apreciar en un sentido o en otro el asunto que está siendo objeto de enjuiciamiento. Sin embargo, debemos concluir que, si el informe es sólido, exhaustivo y riguroso, la experiencia nos dice que siempre es tenido en cuenta por el tribunal.

Otro aspecto importante, y muy unido a lo que acabamos de comentar, es la necesidad de que el informe pericial sea científico y riguroso, por lo que hay que huir de interpretaciones u opiniones personales y generalizadas. El perito médico, por tanto, debe exponer siempre sus diagnósticos siguiendo los criterios más aceptados por la comunidad científica.

Por otra parte, el informe pericial médico debe dar respuesta a lo que se le pregunta. Aunque esta premisa resulte obvia, es uno de los errores que cometen con más frecuencia los profesionales que no tienen hábito pericial. El profesional que es llamado a asesorar a un tribunal debe tener siempre presente que, aunque su trabajo es muy importante, no deja de ser una pieza más del sumario, y que, seguramente, habrá aspectos del procedimiento que posiblemente ignore, por lo que deberá ser muy concreto y conciso a la hora de hacer sus apreciaciones con la finalidad de evitar que puedan ser tergiversadas o malentendidas por las partes.

La participación en un procedimiento judicial, por tanto, no es ni una clase para alumnos de una facultad de medicina ni tampoco debe ser el lugar para exhibir los vastos conocimientos sobre la materia objeto de pericia que uno puede tener. Se trata simple y llanamente de auxiliar a la justicia, de poner luz y no sombras, de aclarar dudas y no de crearlas. Como dice Simonin (Fuertes Rocañín JC, Cabrera Forneiro J. La salud mental en los tribunales. 2.ª edición. Madrid: Arán Ediciones; 2007), uno de los autores clásicos en Medicina Legal, “muchas veces el saber del mas afamado perito no puede ser aprovechado por el tribunal”. Esto puede ocurrir si olvidamos cuál es la esencia de nuestro cometido y las personas a las que nos dirigimos y que nos están escuchando, ya que, lo que puede ser muy interesante en una sesión clínica o en una ponencia, puede convertirse en un desacierto en una sala de justicia.

Estructura del informe pericial médico

Puede afirmarse con rotundidad que hay tantos tipos de informes periciales como peritos existen. No obstante, podemos concluir que un informe pericial completo y suficiente para satisfacer las necesidades para las que se emite ―en el marco de un proceso judicial, ya sea civil, penal, laboral o contencioso― es aquel que se articula a través de las siguientes partes, con su respectivo contenido, sin perjuicio de las premisas que la propia LECRIM ―como antes indicábamos― señala que hay que tener en cuenta en su elaboración:

1. Preámbulo
   Debe reflejar quiénes son los peritos y cuál es su cualificación profesional, como una manera de aval y de competencia, sobre todo en los tiempos actuales, en los que hay una gran proliferación de titulaciones propias que pueden prestarse a confusión con los títulos oficiales.
   También deberá determinarse con claridad sobre quién o sobre qué se hace la pericia, en qué lugar se realiza y si es a instancias de parte o bien es una pericia de oficio, tiempo que se ha invertido en su realización y cualquier otro aspecto que pueda ser interesante en el caso concreto.
2. Parte expositiva
   Este segundo apartado es, en esencia, una historia clínica y, por lo tanto, debe incluir los antecedentes personales y familiares, exploraciones realizadas, historia actual, etc. Evidentemente, este apartado será diferente según el objeto de la prueba pericial (informe de autopsia, reconocimiento psiquiátrico, estudio de indicios biológicos, como manchas de sangre, esperma, etc.).
3. Parte reflexiva
   Este es el momento de emitir y fundamentar los diagnósticos clínicos. En este apartado, el perito médico debe explayarse sobre por qué ha llegado a un diagnóstico, cuáles son los diagnósticos diferenciales que se ha planteado y su hipótesis de trabajo. Conviene explicarlo concienzudamente, recurriendo, si es necesario, a citar bibliografía, clasificaciones, criterios diagnósticos, jurisprudencia, etc., que acrediten sus aseveraciones.
   Dentro de este apartado se encuentran lo que se denominan consideraciones médico legales, donde se traducirá la terminología médica y las consideraciones clínicas para dar una respuesta clara a las preguntas, dudas e hipótesis que las partes hayan planteado al solicitar la pericia.
4. Conclusiones
   Esta es la parte final del informe y, sin duda, la que más se lee. En este apartado debe sintetizarse ―que no repetir― todo lo expuesto en los epígrafes anteriores. Por otra parte, no es recomendable que las conclusiones sean muy numerosas, ya que lo que se persigue con esta parte del informe es resaltar sus aspectos más importantes y dejar claro en la mente del lector su esencia.

Tipos de informe pericial médico

En cuanto a la dimensión del informe médico, existen dos tipos de clases: el abreviado y el extenso. Con mucha frecuencia son equivalentes al informe preliminar y al informe definitivo, respectivamente. Por lo que respecta al campo o ámbito del Derecho en los que se utilicen, los más frecuentes son los informes periciales penales, civiles, y laborales.

Por último, y en cuanto a la materia a dilucidar, los más solicitados son los informes de autopsia, los informes psiquiátricos y los informes para valorar secuelas y lesiones. También debemos señalar que cada vez son más frecuentes los que se ocupan de determinar el grado de invalidez profesional que existe tras una enfermedad común o un accidente laboral.

Pautas para actuar como perito médico ante los tribunales de justicia

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la justicia es uno de los tres poderes del Estado ―junto al poder ejecutivo y el legislativo― sobre los que se sustenta el Estado social, democrático y de derecho, cuya misión fundamental es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, cuando se solicita por parte de un tribunal de justicia la colaboración del médico o personal sanitario, estos están obligados por imperativo legal a prestarla. Sin embargo, en el caso de que sea llamado para actuar como perito, es decir, para informar y asesorar a un tribunal, este trabajo debe ser remunerado. Así, el art. 465 LECRIM, en cuanto a la elaboración de un informe pericial en el seno de un proceso penal, dispone que los que presten informe como peritos en virtud de una orden judicial tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justas, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, la provincia o el municipio.

Una vez en la sala de vistas, el perito debe recibir por parte del tribunal y de las partes un trato acorde con su delicada e importante misión. En caso de que observemos hostilidad excesiva, presión o intimidación, deberemos solicitar el amparo del presidente de la sala, quien no debe permitir, bajo ningún concepto, este tipo de actitudes o de actuaciones.

Por su parte, el perito está obligado, según su leal saber y entender, a responder a las preguntas que se le hagan, y algunas veces los abogados defensores o acusadores ―tratando de conseguir los mejores resultados para su patrocinado― utilizan técnicas oratorias para poner en boca del perito lo que no ha dicho. En estos casos, hay que hacer gala de un cierto temple e insistir en que la afirmación que está formulándose no es la que hemos hecho y, con cortesía, pero con firmeza, mantener nuestra posición.

Cuando la pericia es privada, es decir, cuando no la solicita el tribunal, sino una de las partes, la objetividad sobre el informe elaborado no mengua, ya que el perito jura o promete decir la verdad, y no debe permitir que su palabra se cuestione por el simple hecho de ser perito de parte.

En último lugar, en el caso de que la citación no sea como perito sino como testigo, solo podemos pronunciarnos sobre aquello de lo que tengamos conocimiento en función de nuestra relación con el sujeto o a través de nuestros sentidos (lo que se ha visto, oído, etc.), pero, en este caso, no tendremos la obligación de actuar como peritos, es decir, manifestando conclusiones técnicas o aportando consideraciones científicas.

Tal y como hemos expuesto con anterioridad, el profesional sanitario puede intervenir tanto en el proceso penal como en el proceso civil de muy diversas maneras.

Dentro del marco del proceso penal, se puede intervenir en calidad de investigado como consecuencia de la comisión de un delito vinculado a su esfera profesional, ya sea doloso o imprudente, o bien como perito, asesorando al tribunal en lo que concierne a la materia médica de la que es conocedor. Cuando se interviene en el proceso como perito, la intervención tiene lugar tanto en la fase de instrucción ―en la que se realiza la prueba pericial― como en el juicio, en el que el profesional deberá no solo ratificarse del informe emitido y elaborado con anterioridad, sino también responder a las preguntas que hagan las partes procesales y, por supuesto, el propio tribunal.

También puede intervenir como testigo, revelando toda la información relativa a un hecho ―interesante para el proceso― de la que ha tenido conocimiento, ya sea directa o indirectamente.

Por lo que respecta al proceso civil, en este puede intervenirse, además de como perito, como demandado, en el caso de que se responda de la producción de un eventual daño causado al paciente, usuario o cliente en el ámbito sanitario, o como demandante, aunque debemos señalar que este supuesto es poco frecuente, salvo en aquellos casos en los que sea el médico quien reclame la falta de pago de los honorarios debidos en virtud de la celebración de un contrato, como sucede, por ejemplo, en la contratación de un informe pericial al profesional por parte de un particular. Asimismo, también puede intervenir como testigo, aportando la razón de ciencia que se requiera en cada caso.

El médico como perito forense

Desde el punto de vista jurídico, se denomina perito a toda aquella persona que posee unos conocimientos especiales, ya sean científicos, técnicos o artísticos, por los que es llamado para informar y asesorar a los jueces y tribunales. Forense, por su parte, procede de foro, entendiéndose como tal el lugar público donde se imparte justicia. Si unimos ambos conceptos, el resultante es el perito forense, es decir, un experto en una determinada materia o parcela del saber que realiza su actividad ante los tribunales de justicia, asesorando a estos en los aspectos en los que es experto.

El perito y la prueba pericial son, por tanto, partes fundamentales de cualquier procedimiento judicial, ya sea en el orden penal, en el civil, en el laboral o en el contencioso. Sin embargo, es conveniente que el perito sea una persona que, además de saber y conocer en profundidad la materia en la que es experto y por la que es llamado, sepa también transmitirlo y exponerlo ante el tribunal. Esto constituye una auténtica exigencia si tenemos en cuenta que los tribunales de justicia están integrados por personas legas en medicina, por lo que se les deberá traducir la terminología y los conceptos médicos a un lenguaje que sea fácilmente entendible por todas las partes que intervienen en el proceso. Por ende, es conveniente que el perito conozca la terminología jurídica para que pueda responder a las preguntas con una mayor soltura y conocer también los límites de su intervención.

Por otra parte, debemos tener claro que cualquier médico o profesional sanitario puede ser llamado para actuar como perito forense. No obstante, los que pertenecen al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses son los que habitualmente realizan esta labor. Sin embargo, en ausencia de ellos, o bien por la complejidad o dificultad del asunto que se está dilucidando en el proceso, el juez puede solicitar la intervención del profesional médico que considere más oportuno.

Ubi societas, ubi ius. Allí donde hay una sociedad, hay Derecho.

Es impensable la existencia de una sociedad civilizada sin que tenga un ordenamiento jurídico integrado por un conjunto de normas que se impongan de modo imperativo a los ciudadanos para la realización de Derecho, que se concibe como aquella ordenación moral, imperativa de la vida humana, orientada a la realización de la justicia y que tiene por objeto la regulación social, tanto en su aspecto interno como externo, manifestada en una complicada red comprensiva de derechos, deberes y facultades. Sin embargo, debemos señalar que no es reciente la tarea de intentar delimitar conceptualmente el ius. Ya en el Derecho romano, el jurisconsulto Celso ―siglo II d. C.― se aventuraba a definirlo como «el arte de lo bueno y lo equitativo»; más tarde, Ulpiano lo concebía como «dar a cada uno lo suyo» (D:1,1,1).

El ius o el Derecho se divide en dos grandes bloques: el Derecho privado y el Derecho público. Dentro del Derecho privado se encuentra el Derecho civil, el pilar fundamental del ordenamiento que tiene por objeto la regulación de las personas, los bienes, la propiedad, las obligaciones y los contratos. La mayor parte de nuestro Derecho civil se recoge en un cuerpo legal decimonónico, el Código Civil de 1889, sin perjuicio de la existencia de otras leyes especiales existentes y referentes a materias civiles específicas. Forma también parte del derecho privado el Derecho mercantil, que estudia, principalmente, el estatus jurídico del comerciante y los actos de comercio, así como el Derecho internacional privado y el Derecho de daños.

Por lo que respecta al Derecho público, consta de diversas ramas jurídicas, como el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario, el Derecho procesal y el Derecho laboral, sin olvidar, por supuesto, el Derecho penal, que es el más próximo para el profesional sanitario, ya que podrá actuar no solo como perito o testigo, sino también como investigado (en este último papel, deberá asumir su eventual responsabilidad criminal).

El Derecho penal se define como aquella rama del ordenamiento jurídico que determina los delitos y sus penas, como manifestación del ius puiniendi del Estado. Es el Estado el que, a través de la Ley Penal, castiga a aquellos ciudadanos que han cometido una conducta tipificada como delito, a los que se les impone una pena como sanción (en el Código Penal de 1995 se recogen los delitos y las penas que se imponen en cada caso).

El proceso civil

Introducción

El Derecho civil, tal y como acabamos de exponer, es la rama del ordenamiento jurídico que regula todo lo relacionado con la persona ―su ámbito personal, familiar y patrimonial―, los bienes y la propiedad ―su adquisición y sus modificaciones―, las obligaciones, los contratos y determinadas materias específicas, como la protección civil al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO1/1982), la protección en el ámbito contractual a los consumidores y usuarios (RDL 1/2017), los arrendamientos urbanos (LAU 1994), la expropiación forzosa (L 1954) y un sinfín de materias estrictamente civiles.

Además, este campo del Derecho, como veremos, también tiene importantes repercusiones para el profesional de la salud, ya que puede verse obligado a actuar como perito o testigo; incluso, en algunos casos, podrá intervenir en el proceso como demandado, por errores o imprudencia profesional ―mala praxis o negligencia médica―, con la obligación de indemnizar el daño que se hubiera causado al paciente. Así, el artículo 1902 del Código Civil (CC) dispone: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

Concepto

Gimeno Sendra define el proceso civil como «aquel conjunto de derechos, facultades, cargas y expectativas que se materializan en el cauce del proceso», que es aquel instrumento que tiene como finalidad primordial la resolución de los conflictos intersubjetivos que, en materia civil, surgen entre los ciudadanos, mediante la aplicación del Derecho objetivo.

Quién puede ser parte en el proceso

En el proceso civil pueden intervenir, ya sea como demandantes o demandados, según el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC):

1. Las personas físicas.
2. El concebido no nacido para todos los efectos que le sean favorables.
3. Las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, el CC formula la siguiente clasificación:
   • De interés público:
     • Asociaciones.
     • Fundaciones.
     • Corporaciones.
   • De interés particular:       
     • Asociaciones civiles.
     • Asociaciones mercantiles.
     • Asociaciones industriales.
4. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
5. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
6. El Ministerio Fiscal, respecto a los procesos en los que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
7. Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables.
8. Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Las fases del proceso civil

El proceso civil se inicia con el escrito de demanda, que es el primer acto procesal. A través de él se determina y se fija el objeto del proceso y se recogen los hechos y la base jurídica en que se fundamentan. En dicho escrito se solicita del juzgado que se reconozcan las pretensiones en la sentencia que, en su caso, se dicte. Una vez admitida, se da traslado al demandado para que conteste a la demanda, alegando las excepciones procesales o materiales y todo aquello que a su derecho convenga.

El siguiente paso es el llamado periodo de prueba o el juicio ―si antes no se ha llegado a un acuerdo entre las partes en la fase de audiencia previa―, momento durante el cual se realizan todas las actividades encaminadas a probar la certeza o no de los hechos que se recogen en la demanda y en su contestación (pruebas periciales, declaraciones, testigos, etc.).

Por último, en la fase de conclusión, se recogen las apreciaciones de las partes relativas a las pruebas realizadas, con lo que el juicio queda terminado y visto para sentencia.

A diferencia del proceso penal, en el proceso civil el juez solo actúa a instancia de parte (lo que se denomina como principio dispositivo), por lo que adopta un papel más pasivo que en el proceso penal y se pronuncia solo sobre aquello que se le ha solicitado en la demanda y en su contestación (principio de aportación de parte). Además, el procedimiento civil puede finalizar a través de acuerdos o en virtud de un arbitraje y, por tanto, fuera del marco del proceso jurisdiccional, algo que nunca ocurre en el proceso penal, en el que el delincuente no puede huir (salvo los supuestos expresamente previstos en la ley) del derecho al castigo del que dispone el Estado por haber incumplido la norma penal.

En el ámbito sanitario, el proceso civil es el cauce procesal a través del cual van a concretarse y determinarse las indemnizaciones que hay que reconocer a una persona si una acción ejecutada por el médico o cualquier otro personal sanitario ha sido considerada como incorrecta (imprudente o negligente). Para que haya responsabilidad civil, debe haberse producido un daño por acción u omisión; además, debe existir una relación de causalidad claramente demostrada por parte del demandante, pues de lo contrario se procedería a una sentencia no estimatoria.

En los últimos años ha habido un incremento importante de las demandas contra los médicos, que ha coincidido con el cambio de modelo asistencial: se ha pasado de una actitud paternalista en la que el médico prácticamente decidía todo a un modelo muy diferente en el que el médico informa y el paciente es quien toma las decisiones.

El proceso penal

El Derecho penal es aquel que se encarga de reprimir las conductas más antisociales y de aplicar a quienes las cometen las medidas sancionadoras, que reciben el nombre de penas. Es la Ley Penal ―que, además, deberá revestirse bajo la forma de ley orgánica, ya que la pena produce una afectación en los derechos fundamentales y libertades públicas (81.1 CE)― la que determinará y establecerá los delitos y sus penas.

Los delitos y sus penas

Los elementos sobre los que se estructura básicamente el derecho penal es el binomio delito-pena.

Los delitos

Se define el delito aquella acción típica, antijurídica, culpable y punible. Nuestro Código Penal lo define en su artículo 10 como aquellas «acciones u omisiones, dolosas o imprudentes penadas por la Ley».

En nuestro ordenamiento jurídico existen tres clases de delitos (art. 13 CP). Así, nuestro Código Penal asume una clasificación trimembre, no solo en los delitos, sino también en las penas, como luego veremos:

1. Los delitos graves: aquellas infracciones que la ley sanciona con pena grave.
2. Los delitos menos graves: aquellas infracciones que la ley sanciona con pena menos grave.
3. Los delitos leves: aquellas infracciones que la ley sanciona con pena leve.

Las penas

La pena se define como la sanción más grave de la que dispone el Estado y la que produce la mayor privación de bienes jurídicos, que se impone en virtud de un proceso a quien ha cometido una infracción penal señalada en la ley. Por este motivo, debe afirmarse la consideración de ultima ratio del derecho penal, en el sentido de que debe ser aplicada en último término o en último lugar; dicho de otro modo: solo puede aplicarse el Derecho penal cuando, ante la gravedad del hecho cometido, las demás ramas del ordenamiento jurídico ―como el Derecho administrativo, el tributario o el laboral― se revelan insuficientes para su sanción.

Las penas que pueden imponerse con arreglo al Código Penal (art. 32 CP) son las siguientes:

• Penas privativas de libertad.
• Penas privativas de derechos.
• Multa.

Estas penas, además, pueden clasificarse, según su naturaleza y gravedad, en los siguientes grupos (art. 33 CP):

1. Penas graves
   • Prisión permanente revisable.
   • Prisión superior a cinco años.
   • Inhabilitación absoluta.
   • Inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
   • Suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
   • Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
   • Privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
   • Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo superior a cinco años.
   • Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo superior a cinco años.
   • Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo superior a cinco años.
   • Privación de la patria potestad.
2. Penas menos graves
   • Prisión de tres meses hasta cinco años.
   • Inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
   • Suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
   • Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
   • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
   • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
   • Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
   • Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de seis meses a cinco años.
   • Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de seis meses a cinco años.
   • La multa de más de tres meses.
   • La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía.
   • Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
3. Penas leves
   • Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
   • Privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
   • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
   • Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo inferior a seis meses.
   • Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de un mes a menos de seis meses.
   • Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de un mes a menos de seis meses.
   • Multa de hasta tres meses.
   • Localización permanente de un día a tres meses.
   • Trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

Las medidas de seguridad

Las llamadas medidas de seguridad, complementarias o sustitutivas de las penas y, por tanto, distintas, son aquellas que pretenden la inocuización, la curación y la adaptación social del que ha cometido un hecho que reviste los caracteres de delito en los supuestos específicos contemplados en el Código Penal, como, por ejemplo, quien comete el hecho típico como consecuencia de una anomalía o alteración psíquica, el intoxicado por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o por sufrir alteraciones en la percepción.

Las medidas de seguridad pueden ser privativas o no privativas de libertad, y en ningún caso pueden ser superiores en su duración al tiempo de la pena que le hubiera correspondido al sujeto si se le hubiera aplicado. En síntesis, son las siguientes:

Medidas de seguridad privativas de libertad

1. El internamiento en un centro psiquiátrico.
2. El internamiento en un centro de deshabituación.
3. El internamiento en un centro educativo especial.

Medidas de seguridad no privativas de libertad

1. La inhabilitación profesional.
2. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España
3. La libertad vigilada.
4. La custodia familiar.
5. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La responsabilidad civil derivada del delito

La consecuencia jurídica de la comisión de un delito es la imposición de una pena. Sin embargo, a través de la comisión del hecho delictivo han podido lesionarse determinados intereses y derechos subjetivos que ocasionen daños, los cuales deben ser objeto de reparación por parte del culpable. De este modo, el artículo 109 CP dispone que toda persona responsable criminalmente de un delito es responsable civilmente de los daños y perjuicios por él causados. Ante estos, y según determine el juez o el tribunal (110 y ss. CP), el culpable puede reparar el daño causado mediante:

• La restitución.
• La reparación del daño.
• Indemnización de los perjuicios morales y materiales.

En el proceso penal, en consecuencia, puede ejercitarse también la acción civil junto con la acción penal con el objeto de reparar el daño y perjuicio causado por el delito. La regla general es que, en el marco del proceso penal, se ejercitan conjuntamente y al mismo tiempo la acción penal y civil, sin perjuicio de que la víctima pueda reservarse la acción civil ex delicto para ejercerla más tarde ante la jurisdicción civil.

Principios informadores del derecho penal

La consideración de ultima ratio del derecho penal a la que anteriormente hacíamos referencia es una manifestación del principio de intervención mínima. Debemos señalar que el Derecho penal se rige por determinados principios que le sirven de fundamento y que, a su vez, lo delimitan, ya que constituyen una verdadera garantía de los derechos subjetivos de los ciudadanos y, con ello, del propio Estado de derecho, como indica Muñoz Conde (Hassemer W, Muñoz Conde F. Introducción a la Criminología. Tirant lo Blanch Libros: Valencia; 2001. pp. 328 y ss.).

Los principios penales, por tanto, vienen a ser una línea infranqueable para el Estado, ya que este no puede ejercer el ius puniendi o el Derecho público de castigar más allá de los términos de la ley y de los mencionados principios. Junto al principio de intervención mínima del Derecho penal, existen otros fundamentales como:

1. El principio de legalidad. Supone que la ley es la única fuente del Derecho penal y la única que puede regular los delitos y sus penas. En el Derecho penal, entonces, no hay lagunas, ya que todo aquello que no se tipifica como delito es penalmente lícito. El principio de legalidad se concreta, a su vez, en la llamada garantía delictiva, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y en el principio de legalidad en la ejecución de la pena.
2. El principio de culpabilidad. Este principio exige que solo puede ser castigada aquella persona cuyos actos puedan serle reprochados, ya que «no hay pena sin dolo o imprudencia» (art. 5 CP).
3. El principio non bis in idem. Se prohíbe que una persona pueda ser castigada y juzgada dos veces por los mismos hechos cometidos.
4.  El principio de responsabilidad personal, que permite excluir la responsabilidad colectiva e impide que una persona responda por los hechos cometidos por otro.
5. El principio de dignidad de las penas. Implica que se prohíben las torturas, las penas y los tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE) y, por tanto, todas aquellas penas que alcanzan un nivel determinado y que humillan y envilecen al ser humano, atentando a su dignidad inherente.
6. El principio de resocialización, ya que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deberán estar orientadas a la reeducación y a la reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados (art. 25 CE).

Los responsables criminales

En todo delito, se puede participar de alguna de estas tres formas, tal y como señala el artículo 28 y siguientes del Código Penal:

• Autores. Son aquellos que ejecutan el hecho ―por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento―, inducen a otros a ejecutarlo o cooperan con un acto sin el cual no se hubiese efectuado.
• Cómplices. Son los que cooperan en el hecho con actos anteriores o simultáneos a su ejecución.
• Encubridores. Son los que intervienen con posterioridad a la ejecución de los hechos, ayudando a los responsables del delito a eludir las consecuencias legales de su actuación.

Proceso penal

Se denomina proceso penal al conjunto de actuaciones judiciales tendentes a solventar la existencia de una transgresión jurídica circunscrita al ámbito del Derecho penal mediante la imposición, a través del órgano jurisdiccional competente, de una pena al que ha cometido un delito.

El proceso penal puede ponerse en marcha de dos maneras: o bien a instancia de la víctima o del perjudicado por el delito ―mediante presentación de denuncia o querella, según se trate de delitos semipúblicos o privados, respectivamente― o bien deoficio ―cuando se tratare de delitos públicos―; es decir, por decisión de la autoridad judicial o de los agentes de la autoridad mediante la práctica de oportunas diligencias de investigación tras tener conocimiento, por razón de su cargo, de la comisión de un hecho delictivo.

Una vez incoado el procedimiento penal, el juez debe efectuar las primeras averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y a determinar qué delito se ha cometido y quién lo ha llevado a cabo; esta fase es la denominada fase de instrucción.

Tras la realización de las diligencias de investigación, el asunto puede o bien archivarse, lo que implica el fin del proceso ―en el caso, por ejemplo, de que se considerare que el hecho no constituye delito― o, por el contrario, si, como consecuencia de las diligencias probatorias practicadas, se acredita la existencia de indicios racionales de criminalidad, se pone fin a la fase de instrucción y se da traslado de la causa al órgano enjuiciador con el fin de que, tras la celebración de juicio, se proceda a imponer la pena correspondiente.

Una de las cuestiones más importantes que debemos tener en cuenta en el proceso penal es que, por una parte, este se rige por el denominado principio acusatorio (si no hay acusación, el proceso no puede seguir adelante), y, por otra, son dos órganos jurisdiccionales distintos los que participan en el proceso, de tal manera que quien instruye no puede juzgar, y viceversa: en primer lugar, el órgano instructor durante la fase de instrucción, que debe averiguar la posible comisión de un delito, y, en segundo lugar, el órgano enjuiciador durante la fase de enjuiciamiento, que tiene como misión dictar la oportuna sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, aunque el tribunal también puede sobreseer el proceso si no encuentra elementos suficientes para emitir un fallo; dicho sobreseimiento puede ser, a su vez, provisional o definitivo, según exista la posibilidad de reabrir o no, respectivamente, la causa en el futuro.

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